El Concejo Deliberante decidió investigar las irregularidades detectadas en jurisdicción de la secretaría de Gobierno, sobre las que su titular, María Pérez, no brindó explicaciones, o las que expuso fueron consideradas insuficientes. Con ese propósito creó una Comisión Especial, que estará conformada por todos los concejales, y que en caso de establecer su responsabilidad, podría derivar en un Juicio Político a la funcionaria del intendente Lázaro Fonzalida. Las respuestas de la secretaria dejaron en evidencia la falta de controles en materia de asistencia de personal; falencias en procedimientos tan primarios, como la realización de notificaciones al interior del organigrama municipal; y la suplantación de municipales en paro por trabajadores en negro, eufemísticamente denominados “becarios”. “Yo no voy a hacer un análisis de los temas que no puedo responder, de tal manera que de los que si pueda responder tengan toda la libertad de preguntar”, dijo antes de ser interpelada María Pérez. Pérez fue interpelada el jueves sobre la existencia de “empleados cartones”, es decir personas a las que se liquidan haberes que son cobrados por otras. “No me corresponde responder todo lo relacionado a liquidación, percepción, y acreditación a los fines del pago de haberes, porque Liquidaciones pertenece a la Secretaría de Hacienda”. El concejal Ramón Carrizo, quien representa al sector del diputado Enrique Molina, le puntualizó que la liquidación la hace una dirección que corresponde a Hacienda, pero en base a un informe que obligatoriamente tiene que presentar la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno. También dio dos nombres de personas identificadas como incursas en esa figura. “Le voy adelantando para que tome injerencia: Natalia Gaitán y Deolinda Gay. Tenemos documentación que estas dos personas están designadas y que han cobrado el sueldo, con certificación seguramente de alguien que trabaja en Personal”. Pérez respondió que “el hecho que estas personas sean empleados cartones a mí no me consta, no tengo las pruebas, estoy de acuerdo en que Liquidaciones tiene que tener un aval de asistencia, no tengo la forma de decirle que existe un decreto que obligue al empleado municipal a marcar tarjeta”. Añadió que así “se viene manejando desde gobiernos anteriores el tema de las planillas y hasta verbalmente. Debo creer que el director de cada área está actuando de buena fe; no puedo ir a controlar a la masa de los empleados; puede tener razón que muchas veces se omita, no con cierta sinceridad, el tema de la asistencia”. “Puede ser que se me hayan escapado muchas cosas, es cierto que muchas veces no he podido avanzar en otras secretarías porque estábamos todos medio desorganizados, quizás por nuestra falta de experiencia en estas cuestiones. Queremos trasparentar y por eso pensamos en hacer el censo”, agregó la secretaria. Otro de los temas abordados en la interpelación fue la delegación de funciones, cuando el intendente tiene que dejar el cargo del Ejecutivo al viceintendente. “He adjuntado todos los decretos de delegación de funciones, es cierto que en otros no se justifica el por qué de su ausencia cuando el ausentismo no excede las 24 horas; no puedo responder a dónde va y qué hace, porque mis funciones terminan en hacer la resolución”. Al respecto la edil Viviana Romero remarcó que “hay ocho delegaciones de funciones, pero tenemos sólo cuatro, pero ingresadas formalmente al Concejo sólo tres, y muchas fuera de tiempo y forma; más con la aclaración que usted hace que Mesa de Entradas y Salidas depende de usted”. Por su parte el concejal del Fonzalidismo, Balbino de la Vega sostuvo que se está ante “una situación grave, porque se están violando normativas importantes, usted sabe que esto es causal de juicio político”. La concejal Fonzalidista, Viviana Romero aseguró que “hay mucha gente que no se puedo censar porque Personal les había perdido el legajo y hasta tres veces”, interrogando a Pérez sobre “qué respuesta le tenemos a ellos que van a cobrar y no tienen el comprobante”. La funcionaria respondió que “me estoy enterando por usted de este hecho, en cambio sí sabía que había gente que no tenía la documentación completa, la que se puede haber extraviado”. Otro de los puntos también fue la situación de revista del personal que gozaba de la licencia del 70 por ciento, derogada por ordenanza. De acuerdo con los concejales, los beneficiarios que debían en consecuencia presentarse a trabajar no lo hicieron, pero igual comenzaron a percibir el 100 por ciento de sus haberes. Los concejales intentaron conocer qué medidas tomó el Ejecutivo al respecto para remediar esa anomalía. Viviana Romero remarcó que “hemos solicitado por Mesa de Entrada a las delegaciones, la nómina de los agentes que estaban gozando de la licencia del 70 por ciento”. Sin embargo, señaló que “nadie recibió el pedido y tuvo que ir personal del Concejo por cada una de las delegaciones para pedir esa información”. Maria Pérez admitió que así ocurrió, pero justificó la inacción en que “la mayoría de las direcciones estaban nutridas por gente que estaba de paro cuando me hago cargo, entonces se armaron todas las direcciones con contratados con becas; eso no estaba bien organizado por esa situación”.
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