LA COVIAR SE REUNE EN CHILECITO PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN DEL SECTOR.

La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), coordinadora y ejecutora del PEVI 2020, realiza hoy y mañana su 3º Encuentro Anual en Chilecito con la presencia de autoridades provinciales y de las vecinas Mendoza y San Juan. En el marco de este encuentro, CARPA Y COVIAR organizaron para hoy la “Noche del Torrontés Riojano” a partir de las 21.30 en el salón del Colegio Médico de Chilecito, Santa Rosa al 1.000, distrito San Miguel. El evento contará con la presencia del chef internacional Francis Mallman. En la página oficial se anuncia tan trascendental evento que se concretará bajo la consigna de “Desafíos de una vitivinicultura sostenible: Políticas públicas y compromisos privados en un proyecto común”, la COVIAR convoca a todos sus miembros, de los sectores público y privado, para analizar los logros y desafíos del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola (PEVI) 2020. Para este fin, la máxima dirigencia sectorial, pública y privada, reflexionará durante dos días. El Plan Estratégico resultó toda una novedad cuando fue formulado. En medio de la crisis había sido hecho “con todos” y proponía soluciones “para todos”. Después, la ley que creó la COVIAR, mostró a un sector que no sólo estaba dispuesto a “aportar” sino también a autolimitarse en atribuciones concretas. Se estableció que la COVIAR “no puede gastar más de un tope establecido para sus propios gastos. No puede ejecutar proyectos sino a través de otras instituciones. No puede entonces, generar nuevas estructuras, nuevas burocracias”, se continúa explicando en la página oficial. Como información complementaria se grafica que en una época en que las bibliotecas se poblaron de planes estratégicos de todo tipo, la vitivinicultura se diferenció con el suyo de otros sectores económicos, en función de dos atributos bien claros. Por un lado el financiamiento concreto que el sector privado realiza para la ejecución del plan, a través de una tasa auto impuesta en una ley nacional, y por otro el fuerte liderazgo que asumió en la construcción de una alianza que, sustentada en la mesa de consensos, procura obtener beneficios para todos los actores. Este aporte privado significó en los primeros 5 años 100 millones de pesos. Los gobiernos de las provincias vitivinícolas aportaron $ 10 millones más. En una sociedad, poco acostumbrada a alianzas duraderas, y menos aún a empresarios con vocación de construcción colectiva, el PEVI comenzó a exponerse como ejemplo en diversos ámbitos. El Estado lo visualizó claramente, y tras 4 años de la puesta en marcha, los esfuerzos denodados para conseguir recursos públicos significativos, dieron sus frutos. Finalmente el 10 de junio se firmaron los convenios por 50 millones de dólares para pequeños productores (BID) y la afectación del 2,5 por ciento de las retenciones directamente a un programa para el sector. Sin embargo, tanta expectativa generada en todos los actores de la cadena, desde los pequeños productores primarios a los diversos sectores dirigenciales (económicos y políticos), puede transformarse en un caudaloso río difícil de encauzar. Por estos días, existe un profundo debate: ¿Cómo fortalecer la alianza público-privada que creó la COVIAR para posibilitar una gestión efectiva y transparente de los recursos? ;¿Cómo medir si las acciones que se realizan están obteniendo los resultados que el PEVI se planteó o es necesario corregirlas?. ¿Cómo valorar el verdadero impacto de los millones de pesos que se invierten en los tres objetivos estratégicos del PEVI? y ¿Cómo lograr que todas las políticas vinculadas a la vitivinicultura sean analizadas y debatidas en la Mesa de la COVIAR?. Es importante debatir acerca de qué medidas y pasos pueden darse en el mediano plazo para el fortalecimiento de la alianza existente. El Estado, nacional y provincial debe “sentirse y actuar efectivamente dentro de COVIAR”. El sector privado debe hacer propia la necesidad de medir y evaluar de manera sistemática todas las acciones que se realizan con los recursos colectivos. La voluntad de construir una política de Estado, la han expresado los grandes decisores políticos tanto del sector público como del sector privado, pero los mecanismos efectivos son muy débiles aún. Es necesario consolidar la alianza para que el PEVI dé un nuevo paso adelante, entienden que dirigen la COVIAR.

LA AUDITORIA REALIZADA AL MUNICIPIO DE CHILECITO POR EL TC PROVINCIAL ARROJO SERIAS IRREGULARIDADES.

Se conocieron recientemente los resultados de la auditoría realizada en el municipio de Chilecito por el Tribunal de Cuentas para detectar el nombramiento de empleados, contraria a la disposición de que sólo la Provincia puede hacerlo. Efectivamente, la revisión de las cuentas y documentación permitió confirmar los nombramientos pero también detectó que el municipio sigue elaborando su propia liquidación de sueldos que difiere con la que realiza la Provincia a través del Centro de Cómputos. Otro inconveniente que enfrentó el auditor fue que no pudo acceder al libro de Protocolo y Despacho porque se encontraba cerrada la oficina a causa de una carpeta médica de su responsable. Específicamente sobre el tema de los nombramientos se verificó efectivamente que hubo un total de 131 designaciones entre los meses de noviembre del 2008 y junio de este año, por parte del municipio excediéndose en lo presupuestado para las categorías 6, 22, 23 y 24. Respecto a estos decretos de nombramientos se dejó constancia que no son eficaces para producir su cumplimiento porque se encontraban supeditados a una condición suspensiva, configurada por un acto futuro e incierto: la carga en el sistema de liquidación de sueldos de la Provincia en la planta de personal permanente. Pero además, se detectó que el municipio elabora su propia liquidación de sueldo con recibo de sueldo incluido lo que produce diferencias con la efectuada por el Centro de Cómputos. Producto de estas diferencias se detectaron agentes que figuran en un listado y en el otro no, que en algunos casos no se efectúan aportes previsionales y de la obra social por lo que ocurren retenciones de haberes que no se depositan, otros agentes que aparecen en los listados del Centro de Cómputos no figuran como empleados municipales, también hay diferencias en las categorías que portan en una y otra nómina y hasta casos de adicionales que en unos casos reconoce el municipio y en otros no. El auditor advirtió que estas irregularidades pueden acarrear inconvenientes a los empleados porque no se le depositan sus aportes sociales o perjuicio para el Estado provincial o municipal si hubiera reclamos. Con la revelación de los resultados de la auditorías se conoció que también se ordenaba un control sobre los 332.115 pesos enviados por el Fondo Sojero o Fondo Federal Solidario y que de acuerdo al informe del auditor no cuentan con libros de bancos de cuentas bancarias transgrediendo la Resolución 06/06 del Tribunal de Cuentas para los fondos de Coparticipación Federal por lo que se pidió a la delegación fiscal municipal la verificación del cumplimiento de esta disposición. El destino de estos fondos, se precisó es para la compra de materiales de construcción, ferretería, luminarias, reparación de maquinarias, destino especificado por decreto pero al solicitar el libro de banco de la cuenta de los fondos mencionados, se mostró un extracto bancario adjunto y una planilla confeccionada por el tesorero del municipio más un número de cuenta bancaria para la recepción de fondos. Al solicitarse los libros bancos se advirtió su inexistencia pero se proporcionaron planilla de movimiento de las cuentas bancarias, resaltando que las hojas en las cuales se registran los movimientos bancarios tampoco cumplimentaban la normativa vigente. En cuanto a los responsables al momento de la inspección se lo mencionó al intendente Lázaro Fonzalida, al ex secretario de Hacienda y Obras Públicas Pablo Fernández Pugliese, al contador general municipal Guillermo Aguilar, a la asesora general de Gobierno Cecilia Varela, al director general de informática Daniel Gómez y al director general de recursos humanos Pablo Cerezo.