LOS CONCEJALES DE CHILECITO BRINDARON DETALLES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS IRREGULARIDADES DEL MUNICIPIO.

El Concejo Deliberante consideró “falaz y mentiroso” el informe brindado por la secretaria de Gobierno María Pérez Hernández, la puso a las puertas de un juicio político, y envió los antecedentes a la Justicia Penal. Para los concejales que respaldaron las conclusiones de la investigación realizada, la conducta de la funcionaria configura “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, causal de juicio político, y el “delito de falsedad ideológica, previsto y penado por el Art. 293 del Código Penal”. En consecuencia, dispusieron remitir lo actuado al fiscal de Estado Municipal, y a la fiscalía de Instrucción de la Segunda Circunscripción Judicial”. Si en las dos instancias, o en cualquiera de ellas, los fiscales consideran que hubo delito, “Mari” Pérez deberá enfrentar una denuncia penal. El informe de la Comisión Investigadora, sobre la documentación aportada el 13 de septiembre último y en la posterior interpelación, fue leído durante la sesión de ayer. Había sido suscripto por los concejales Ramón Carrizo, Viviana Romero y Juan José Díaz, y luego de la lectura recibió el apoyo de Balbino de la Vega y de la radical Graciela Herrera. Norma Quinteros no lo firmó, argumentando su escaso tiempo en el cargo en lugar de Rodrigo Brizuela y Doria, y Adrián Ormeño, directamente estuvo ausente. Concluida la lectura, dos personas mencionadas en situación irregular, ingresaron al recinto e insultaron a los ediles, tras sostener que cumplían funciones y que contaban con planilla de asistencia, pese a que la documentación brindada por el Ejecutivo reveló lo contrario. Para los concejales, quedó demostrada la “inconsistencia de sus dichos y la falacia de su ponencia, teniendo en cuenta las pruebas recabadas al respecto, investigando principalmente cuatro cuestiones: a) Delegación de funciones; b) Agentes con Licencia del 70%; c) Empleados cartones; d) Informe sobre situación de lotes donados al Consejo de Abogados”. En el primero de los ítems investigados, la Comisión Investigadora concluyó que de 9 decretos en que el intendente Lázaro Fonzalida delegó funciones en el viceintendente Lázaro Fonzalida, sólo ingresaron cuatro al Concejo Deliberante, registrándose en consecuencia 5 períodos de acefalía. Eso no es todo. De los dichos de la funcionaria, se tomó conocimiento de avisos de Fonzalida a Pérez sobre su ausencia del departamento, abriendo la posibilidad de otras acefalías, “minimizando, quizás por “desconocimiento o en forma malintencionada, las consecuencias que de ello se derivan”. La Comisión Investigadora consideró “falaz” la información vertida por Pérez Hernández sobre la situación de revista de los municipales que gozaban de la licencia especial del 70 por ciento, luego de que fuera derogada. Puntualizaron que en un caso dio cuenta que el empleado se reintegró el 13/09/08 a trabajar en la Delegación Sañogasta. La documentación obrante en poder de concejales permitió establecer que no cumple funciones, no registra asistencia y no se emitió certificación al respecto alguna. La funcionaria admitió que su informe no era real. En otro caso una agente municipal que figura en el informe como reintegrada el 21 de abril de 2008 en la Dirección de Modernización del Estado, mediante resolución Nº 059/08, no registra asistencia en el Palacio Municipal y sus haberes son percibidos por una apoderada. En el poder se la faculta “para cobrar los haberes correspondientes a los meses enero a diciembre y los SAC del corriente año y todo lo que pudiere corresponderme como empleada categoría 20 del municipio”, adjuntando certificado de supervivencia de la Policía de Córdoba donde se deja constancia que vive y se domicilia en calle Salta Nº 562 en Villa Carlos Paz. Respecto a los empleados cartones denunciados en sesión ordinaria del Concejo Deliberante, se ha investigado la situación de dos agentes, cuyos nombres fueron mencionados durante la sesión. Se trata de empleados cuyos sueldos son cobrados por otras personas sin autorización, ya sea porque no saben que están nombrados, o porque están de licencia sin goce de haberes. Ejemplificaron con Natalia Gaitán, cuyo recibo de junio 2009 aparece firmado. La empleada aseguró que no percibe haberes desde hace tres meses. Deolinda Gay aparece en idéntica situación a la agente anterior. El caso es investigado desde septiembre por decisión de Fonzalida. Persona desconocida percibió sus haberes de enero a junio de 2009. La citada vive desde enero de este año en Bº Don Bosco de Río Turbio, Santa Cruz. “Entendemos que la existencia de estos empleados denominados cartones extiende la responsabilidad tanto a la Secretaría de Gobierno en la parte pertinente, como a la Secretaria de Hacienda y Obras Públicas (en este caso sería la responsabilidad del ex secretario Pablo Fernández Pugliese) por el pago indebido a quienes perciben los haberes de estos agentes”, se agrega en el informe. También se solicitó la documentación sobre los agentes municipales cuyos haberes son percibidos por un apoderado, existiendo más de 69 casos. Analizados los poderes, aparecen presentados con certificados de supervivencia remitidos desde distintos puntos del país, como Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe. Mendoza, Santa Fe, siendo cuestionable el hecho de que perciban el 100 por ciento de sus haberes sin que exista una norma legal que los faculte o que justifique tal situación. Los concejales dejaron a salvo la posibilidad de que alguno se encuentre internado; y en segundo término consideraron llamativa la existencia de una cajera o pagadora del municipio como apoderada de dos agentes municipales, estando expresamente prohibido este accionar. Asimismo en el informe consta de una copia de la resolución Nº 078/09, de fecha 20 de agosto del año en curso, emanada del Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Rioja, donde se manifiesta una discrepancia entre lo informado por el director de Liquidación del municipio al informar que presupuestariamente existen 3.376 cargos, incluidos los del Concejo Deliberante, y en realidad ascienden a 3.299 empleados. De la versión taquigráfica de la sesión Nº 557/09, de fecha 03/09/2009, surge que la secretaria de Gobierno, Prof. María Pérez Hernández, expresa que para el censo se esperaban 3.000 empleados y se van censando más de 4.000. Para los concejales, el desconocimiento de la funcionaria “es marcado respecto a la cantidad de agentes municipales nombrados en el municipio local. Este descontrol habla a las claras de la falta de capacidad e idoneidad, y del obrar negligente de la secretaria interpelada. Los concejales concluyen que “de lo actuado y del análisis efectuado de la documentación, surge a todas luces que el informe presentado en fecha 13 de septiembre de 2008 por María Pérez Hernández, y base de la posterior interpelación, donde lo sostiene, es falaz y mentiroso”. Dan por acreditado que “muchos de los agentes que gozaban de la licencia del 70 por ciento derogada oportunamente por el Concejo Deliberante, continúan pero con un nuevo estatus jurídico, el de ñoquis”. Consideran que “avalando esta situación ilegal la secretaria por ser responsable del área, configura con su conducta un incumplimiento de los deberes de funcionario público a más del delito de Falsedad Ideológica”. “Entendemos que, quienes han percibido indebidamente sus haberes han estafado al Estado y quienes les han facilitado y posibilitado esta situación, son cómplices, por lo tanto será la Justicia la que determine la responsabilidad de cada uno de los involucrados”, afirman.